Panamá: elecciones y movilización contra los devoradores de vida

La historia contemporánea de Panamá ha estado marcada por el lado más oscuro de la política oficial. Como ocurre en gran parte de América Latina ha deambulado entre el autoritarismo militar y la corrupción. Tampoco es poca cosa que, en la que puede ser considerada como la mejor época para la democracia del país, el Estado haya sido ‘administrado’ por empresarios que sacan partido de la posición estrategia para el comercio intercontinental. Así el contexto en el que el pasado 5 de mayo se llevaron a cabo las elecciones generales en un ejercicio que no hace sino seguir extinguiendo la luz en el extremo sur de Centroamérica.

Panamá no sólo eligió hace unos días a un policía represor en la presidencia, sino además a un protector del magnate Martinelli, el expresidente que le otorgó el capital político necesario para hacerse del cargo y que se encuentra exiliado en la embajada de Nicaragua para evitar que cumpla su condena por corrupción. La agenda del ahora presidente electo, José Raúl Mulino, se construye alrededor de algo que se presenta ya como una tendencia de la época: el recurso a la mano dura. En el discurso de Mulino se puede interpretar al menos un doble significado al respecto: por un lado, la lucha frontal contra el ‘crimen’ —lo que no es para nada extraño en un ex ministro de seguridad pública—; por el otro, contra la migración —que al final, también se entrelaza con el criminal.

El discurso de la ‘mano dura’, como ya hemos señalado en otros textos, nos ofrece una señal que advierte el terreno de las respuestas sencillas para problemas complejos. En el caso de Panamá —que en los grandes indicadores tiene una situación privilegiada en materia de delincuencia con respecto a la región— el avance del narcotráfico y el crecimiento de las pandillas, así como la expansión de la población carcelaria, la hacen un blanco para la política de securitización que, en otros casos como los destacables de Colombia y México, pronuncia la participación de Estados Unidos en las decisiones que favorecen al capital sobre la vida.

Las prácticas que pueden desatarse, y que de hecho Mulino ya empleó anteriormente, lanza un desafío a ciertos sectores de la población que son fácilmente estigmatizados, aunque en el caso panameño hay que centrar la atención sobre un un conglomerado en particular: las personas inconformes que inundan las calles desde finales de 2023. En distintas ciudades del país, desde octubre de ese año se vivieron una serie de protestas a razón de la aprobación de los contratos para que Minera Panamá, subsidiaria de la compañía canadiense First Quantum Minerals, explotara el cobre por al menos los siguientes 20 años en la mina a cielo abierto más grande de Centroamérica y que se encuentra en medio del Corredor Biológico Mesoamericano, proyecto de cooperación internacional que surgió para preservar la conectividad de ecosistemas en América.

En términos económicos, la explotación de la mina es crucial en distintos sentidos, pero el más importante tiene que ver con la transición energética. La electrificación que amplios sectores productivos lanzan como respuesta al agotamiento de los recursos fósiles —y que al mismo tiempo disfrazan con la narrativa de la protección ambiental por la disminución de efecto invernadero— hace del cobre un recurso básico y, por lo tanto, de muy alta demanda. Sin embargo, el impacto de la minería para llevar a cabo tal giro productivo es simplemente catastrófico.

Desde un punto de vista racional, que para nada se propone la transformación radical de la forma de vida en que habitamos, parecería que la cuestión se reduce a los costos: si es mayor la destrucción que provocan los combustibles fósiles o la de la minería a cielo abierto. Obviamente, un cálculo tal parte de la premisa de que la forma productiva debe permanecer intacta. La cuestión es que no debe considerarse siquiera una discusión valida, porque lo que dan cuenta las movilizaciones panameñas es que incluso los beneficios inmediatos de la explotación del cobre no suponen un beneficio concreto para el grueso de la población. Es decir, lo que se busca garantizar con la explotación de un recurso u otro es la acumulación de capital en una forma que se presenta amigable en el norte y dura en el sur: es la historia interminable del colonialismo.

Las movilizaciones masivas conllevaban múltiples demandas que superan por mucho la capacidad de respuesta de los centros de poder. Las consignas buscaban la protección de la biodiversidad, pero también el alto a la corrupción y a la extracción de recursos para beneficio de las grandes corporaciones. El despliegue popular afectó notablemente a los indicadores económicos del país e hizo temblar a los gerentes corporativos a nivel mundial que veían cómo los ceros se contraían cada día que la protesta seguía. Después de todo, no sólo a la minera le importa el país:

Panamá es uno de los centros neurálgicos de la logística comercial en el mundo y lo que sucede ahí tiene consecuencias globales.

Frente a la imposibilidad de terminar con las protestas que persisten hasta el día de hoy, Mulino tomará el poder, como mencionamos al inicio, con la promesa de ‘mano dura’. Aunque inicialmente el mensaje no está dirigido a una población que mostró su enojo con la administración aún vigente de Laurentino Cortizo en las boletas y que terminó por beneficiarle, el discurso empata muy bien con la actitud represiva que puede explotar en los próximos meses. Por ahora, el blanco de la estrategia ya tiene sus efectos sobre los migrantes.

Como en muchas otras propuestas políticas que seguiremos presentando en este año electoral, José Raúl Mulino trabajó como estrategia de campaña lo que indicamos anteriormente: la contención de la migración. El presidente electo se ha centrado en la idea de cerrar la frontera sur por la que principalmente atraviesan migrantes de Sudamérica en su trayecto a los Estados Unidos, para así dejar de ser un país de tránsito. Sin embargo, la transmigración se ha movilizado ya de hace tiempo por una ruta en el inhóspito Tapón de Darién, una selva que hace muy complicada la regulación efectiva. Si el presidente electo decide tomar medidas que acompañen su discurso, es muy probable que, por las pocos recursos disponibles, se recurra a la militarización y a la negociación con el llamado crimen organizado que colabora en el tránsito de las personas. ¿Qué se puede esperar con medidas de este tipo? Aunque es poco probable que se realicen grandes acciones al respecto —sobre todo teniendo en cuenta la condición económica en la que el nuevo gobierno comienza su periodo— se puede encrudecer la situación humanitaria de las personas migrantes particularmente a través del incremento de la estigmatización, las deportaciones y las agresiones por parte de grupos armados.

El complejo panorama que puede agravarse en los próximos años exige que no perdamos de vista el caso. Así como la respuesta contra la corrupción, pero sobre todo contra el aniquilamiento de la vida, se articuló en las calles para negar la profundización  de la devastación ambiental, tiene ahora una oportunidad para combatir el dolor en el camino de quienes se alejan de todo en la búsqueda de una vida posible. Panamá nos pone ante la oportunidad de que se sigan erigiendo los defensores de la dignad frente a los políticos que nos arrojarn al fuego.